El domingo 14 de junio, se presentó en la Ciudad de México la primera iniciativa ciudadana que busca regular la asistencia médica para morir.
Este movimiento, impulsado por diversos colectivos civiles y especialistas en bioética, busca abrir el camino legal para que las personas con enfermedades terminales o dolencias crónicas degenerativas e irreversibles puedan decidir sobre el final de su vida de manera digna, segura y acompañada por profesionales de la salud.
A diferencia de la actual Ley de Voluntad Anticipada, que ya permite en la CDMX negarse a recibir tratamientos médicos que prolonguen la vida de manera artificial (ortotanasia), esta nueva propuesta ciudadana va un paso más allá. Busca establecer un marco legal y sanitario estricto para que una persona, en pleno uso de sus facultades mentales, pueda solicitar activamente ayuda médica para poner fin a su sufrimiento ante un diagnóstico irreversible.
Libertad para Morir, A.C., es la asociación que impulsa la iniciativa, con el respaldo de otras organizaciones como la Asociación Por el Derecho a Morir con Dignidad (DMD); Práctica: Laboratorio para la Democracia; la Coalición Muerte Digna ¡Ya! y la activista impulsora de la Ley Trasciende, Samara Martínez.
Al presentarse como una iniciativa ciudadana, el proyecto busca reunir las firmas necesarias para obligar al Congreso de la Ciudad de México a dictaminar y debatir formalmente la propuesta, abriendo una conversación que durante años se había mantenido en la congeladora legislativa.
Para la comunidad de adultos mayores en México, este debate no es menor y toca fibras muy profundas relacionadas con la salud, la dignidad y el control del propio destino:
- Garantía de autonomía hasta el final: El núcleo de la propuesta defiende que el derecho a una vida digna incluye, por consecuencia, el derecho a una muerte digna. Para muchos adultos mayores, esto representa la certeza jurídica de que sus decisiones personales y su voluntad serán respetadas por encima de criterios institucionales o familiares.
- Alivio al sufrimiento prolongado: Frente a padecimientos crónico-degenerativos que merman dolorosamente la calidad de vida en las etapas avanzadas, la regulación ofrecería una alternativa legal y médica para evitar el encarnizamiento terapéutico.
- Tranquilidad familiar y emocional: Saber que existen mecanismos legales claros reduce la incertidumbre y el desgaste emocional y financiero que muchas familias enfrentan en procesos terminales prolongados, permitiendo que el cierre de la vida ocurra en un entorno de paz y acompañamiento.
Aunque la iniciativa se presentó formalmente en la capital del país, los promotores señalan que este es el primer paso de un esfuerzo nacional para que México se sume a países que ya legislan la asistencia médica para morir bajo estrictos protocolos de evaluación médica y psicológica.
El debate está formalmente sobre la mesa de la opinión pública, y los adultos mayores son, sin duda, una de las voces más autorizadas y necesarias para definir cómo queremos que se viva, y se respete, la autonomía en todas las etapas de la vida.
Foto cortesía: Coalición Muerte Digna, ¡Ya!
