En México, la manera en que entendemos el envejecimiento y el papel de las personas adultas mayores en la sociedad hace urgente una profunda transformación. Tradicionalmente, se ha relegado a este sector bajo una visión de pasividad, asumiendo que solo requieren cuidados asistenciales o que han agotado su capacidad productiva. Sin embargo, la realidad demográfica y social del país exige romper con este estigma.
Envejecer no significa perder el deseo o la capacidad de aportar, sino transitar hacia etapas que merecen condiciones, ritmos y entornos adaptados.
Inspirada en vivencias familiares cercanas y en el compromiso de transformar la investigación académica en políticas públicas con sentido humano, la Dra. Alma Guadarrama, investigadora de la Universidad La Salle, encabeza un proyecto pionero enfocado en la protección y los derechos laborales de las personas adultas mayores en México.
Cifras oficiales del Consejo Nacional de Población (CONAPO) muestran que la pirámide poblacional se ha invertido debido a una menor tasa de natalidad y al incremento de la expectativa de vida:
- 17.8 millones de personas de 60 años o más residen actualmente en el país.
- Se proyecta que esta cifra ascienda a 33.4 millones para el año 2050.
- Para 2070, se estima que casi el 34.2% de la población nacional superará los 60 años, un fenómeno aún más marcado en zonas urbanas como la Ciudad de México, donde se prevé que alcancen el 45.8%.
Frente a este panorama, las personas adultas mayores enfrentan con frecuencia barreras estructurales, falta de ingresos estables, ausencia de seguridad social y carencia de redes de apoyo, lo que evidencia una demanda urgente de atención especial.
Bajo la premisa de que el derecho debe establecer condiciones distintas para alcanzar una igualdad efectiva, es decir, la equidad, la investigación de la académica de La Salle plantea incorporar un capítulo de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT).
De la misma manera en que la legislación reconoce jornadas o periodos especiales para proteger a sectores específicos como las mujeres embarazadas o los menores de edad, el ámbito laboral formal debe incorporar alternativas justas para la vejez. Las medidas clave propuestas incluyen:
- Jornadas laborales reducidas: Diseñadas para sintonizar con la resistencia física y el desgaste natural propio de la edad.
- Cuotas de contratación obligatoria: Espacios garantizados tanto en el sector público como en el privado para erradicar frontalmente la discriminación por edad (edadismo).
- Protección prioritaria de la salud e higiene: Entornos de trabajo seguros y adaptados que prevengan riesgos laborales y salvaguarden la integridad física de las personas mayores.
El objetivo central de la propuesta es llevar la iniciativa directamente ante el Congreso de la Unión para influir en las políticas públicas del país.
Como parte del proyecto, la Dra. Guadarrama y su equipo desarrollan una plataforma digital orientada a la justicia cotidiana. Esta herramienta permitirá a las personas mayores consultar sus derechos de forma accesible, ubicar instancias de apoyo (como comisiones de derechos humanos, defensorías o módulos del INAPAM) y obtener formatos predeterminados para presentar quejas o defenderse ante abusos.
Iniciativas como las que La Salle está desarrollando de la mano de sus investigadores contribuyen a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en México. ¡Enhorabuena!
