La automatización acelerada de los servicios públicos y privados encendió las alertas en materia de derechos humanos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió que la implementación de la Inteligencia Artificial (IA) y los sistemas digitales como vía única y obligatoria para realizar trámites, acceder a servicios de salud o reclamar derechos básicos profundizará la marginación de las personas adultas mayores en México.
El organismo señaló que, si bien la tecnología optimiza procesos administrativos, trasladar la atención ciudadana exclusivamente a chatbots, aplicaciones móviles o portales automatizados se traduce en una barrera insalvable para millones de personas que carecen de conectividad, dispositivos inteligentes o habilidades digitales avanzadas.
Los riesgos señalados por la CNDH
La Comisión señala fallas en la verificación biométrica. Los sistemas de reconocimiento facial y de huellas dactilares suelen presentar tasas de error más altas en personas mayores debido al desgaste natural de la piel, bloqueando indebidamente el cobro de pensiones o la validación de identidades.
Sobre la desaparición del trato humano, advierte que la sustitución de módulos presenciales por contestadoras automáticas o asistentes virtuales elimina la posibilidad de resolver dudas complejas, dejando al usuario atrapado en bucles tecnológicos sin respuesta clara.
Al no poder interactuar con plataformas herméticas, las personas mayores se ven forzadas a recurrir a familiares, gestores o terceros, exponiendo su información confidencial, contraseñas y recursos financieros a robos y extorsiones.
La necesidad urgente de un modelo híbrido
La CNDH subrayó que ninguna innovación tecnológica debe justificar la discriminación indirecta ni la negación de derechos fundamentales. Por ello, instó a las dependencias gubernamentales, instituciones bancarias y prestadores de servicios a garantizar esquemas de atención híbridos.
Fue clara en señalar que la Inteligencia Artificial debe operar como una herramienta de apoyo administrativo, pero jamás como un sustituto que clausure las ventanillas de atención presencial, cálida y accesible.
El acceso a una pensión, a una cita médica o a una aclaración patrimonial no puede quedar condicionado a la posesión del último teléfono inteligente o al entendimiento de un algoritmo; la dignidad y la inclusión en la vejez exigen que el Estado preserve siempre la opción del contacto humano.
